¿Vacunación obligatoria?
Por: Salvador Romero Espinosa (@chavaromero)
Es evidente que a nadie nos gustaría
ser vacunados en contra de nuestra voluntad, aunque irónicamente a casi todas las
personas de mi generación nos vacunaron en nuestros primeros años de vida,
justamente de esa forma, sin preguntarnos, lo que ha permitido que muchas
enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la tosferina, hayan
permanecido virtualmente erradicadas durante décadas, hasta hace apenas unos
cuantos años, en que se han estado presentando rebrotes en muchos países, entre
ellos México.
El problema es que la principal causa
-quizás la única- del resurgimiento de estas enfermedades, ha sido producto de un
movimiento antivacunas, que promueve el temor hacía las vacunas y sus efectos
secundarios, y que ha conseguido que muchas personas no se vacunen y, en su
caso, que se nieguen a vacunar a sus hijos, sin tener fundamentos sólidos para
defender su postura, más allá de especulaciones conspiracionistas y sus
creencias personales.
Apenas la semana pasada, se volvió
viral un video de Gonzalo Oliveros, en el que increpó a
las personas que se manifestaban en contra de las vacunas en el camellón de la
avenida Chapultepec en Guadalajara (con letreros que decían “Las vacunas = +
variantes y + muertes”), y que reaccionaron de manera violenta ante las
preguntas del periodista, acusándolo de ser empleado del gobierno, cobarde y
muchas cosas más, en lugar de responder a sus dudas.
Por su parte, hace unos días el
presidente norteamericano Joe Biden, acusó a Facebook y otras redes
sociodigitales, de “estar provocando muertes”, al no restringir ni impedir a
los usuarios de dichas plataformas la diseminación de información falsa
relacionada con las vacunas, y que desde la perspectiva de Biden ha contribuido
a que entre el 20% y el 30% de los adultos estadounidenses se
rehúsen a ser vacunados contra el Covid-19, evitando controlar la Pandemia.
En México aún no se ha podido
garantizar la vacunación universal a personas mayores de 12 años de edad, por
lo que es difícil determinar el porcentaje de gente que no pretende vacunarse
en nuestro país, pero de casos empíricos aislados, presentados en ciertos municipios
o, incluso, en algunas instituciones de salud, es evidente que sí existe un
importante porcentaje de personas que voluntariamente han decidido no ser vacunadas contra el Coronavirus.
En ese contexto, estoy convencido que
uno de los grandes temas que deberá debatirse con mucha seriedad en los
próximos meses en todo el Planeta, será sobre la necesidad de establecer en las
leyes la obligatoriedad de la vacunación como una política de salud pública e
interés general, con el objeto de controlar el Coronavirus y otras enfermedades
que ya estaban erradicadas.
Me queda muy claro
que no será un tema fácil de resolver, y que existen posturas muy firmes en el
sentido de que la vacunación obligatoria atentaría contra los derechos humanos de
quienes no quieran vacunarse, particularmente respecto al derecho a decidir
sobre el propio cuerpo, y que además ello reforzaría el control y poder del
Estado sobre las personas.
Sin embargo, en
muchos países se está legislando sobre la implementación obligatoria de figuras
como el “certificado de vacunación” y del “pasaporte covid”, que permitirán únicamente a
personas que acrediten haber sido debidamente vacunadas el acceder a espacios
públicos o poder viajar a otros países, lo que en la práctica se está
convirtiendo en una especie de “vacunación obligatoria”, aunque no se le haya
llamado aún de esa manera.
Lo que es un hecho
es que las personas que no se vacunan están provocando muertes, en algunos casos las
propias, pero en mayor proporción las de otras personas, y que eso es un
problema que se debe de atender con total seriedad, especialmente partiendo de
la premisa de que no existen derechos absolutos, ya que todos deben estar
limitados a no invadir los derechos de otras personas.
Así como en el
caso de la libertad de tránsito, por ejemplo, dicho derecho está limitado a
cumplir con una serie de obligaciones relacionadas con respetar el límite de
velocidad, el sentido de las calles y la luz roja de los semáforos, en este
caso concreto, nos estaríamos enfrentando al derecho de una persona de decidir
sobre su propio cuerpo contra el derecho de otras personas a gozar de salud e,
incluso, de vivir.
En conclusión, aunque es evidente que
lo ideal sería educar e informar a todas las personas, para que de manera
voluntaria y consciente decidan vacunarse, la realidad es que ese escenario
está muy lejos de ser posible por muchos factores que no podrán resolverse en unos
cuantos meses, por lo que considero inevitable que desde ya empecemos a
reflexionar sobre el tema, aprendamos de experiencias de otros países y
reconozcamos que nos encontramos ante un conflicto de derechos que debe de ser
ponderado para poder determinar cuál tiene mayor valor y beneficio para toda la
sociedad.
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