Los "delitos" de Yolli García Álvarez
Por: Salvador Romero Espinosa (@chavaromero)
Yolli García Álvarez, ex comisionada del Instituto
Veracruzano de Transparencia (IVAI), es inocente por dos sencillas razones: Porque
no se le ha demostrado nada, y en México todos somos inocentes salvo prueba en
contrario; y en segundo lugar, por lo absurdo de las acusaciones en su contra, que
solo constituyeron un pretexto para inculparla de algo.
A pesar de ello, está a punto de cumplir dos años privada
de su libertad en una cárcel de Veracruz, producto de la medida cautelar de
prisión preventiva ordenada por el juez penal de la causa, Gregorio
Esteban Noriega Velasco,
mientras se determina si cometió o no alguno de los delitos de los cuales es
acusada, y para lo cual hago un breve recuento de los hechos que dieron origen
a su inconstitucional proceso:
En 2018, se reformó en Veracruz la Ley de Transparencia
para crear al Órgano Interno de Control (OIC) del IVAI, al cual se determinó
dotar de “autonomía técnica y de gestión, así como con los recursos
suficientes y necesarios, que deberán estar etiquetados dentro del presupuesto
del Instituto, para el cumplimiento de sus funciones de prevención, detección,
combate y sanción de la corrupción…”.
En el mismo 2018, el Congreso nombró al titular del referido OIC (Dr.
Alfonso Velásquez Trejo), pero
al mismo tiempo fue omiso en etiquetar recursos para su funcionamiento, razón
por la cual el IVAI determinó presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que dicha omisión
violentaba la autonomía constitucional del propio Instituto (al pretender a
obligarlos con su omisión a utilizar recursos propios para el funcionamiento de
dicha contraloría).
El 04 de marzo de 2019, se publicó el Decreto #234 mediante el cual el Poder Ejecutivo aumentó alrededor del 05% el
presupuesto del IVAI, pero se volvió a incurrir en la misma omisión de no
etiquetar recursos para el debido funcionamiento del OIC.
El 08 de marzo de 2019, el Doctor Alfonso Velásquez
Trejo, titular del OIC, remitió a Yolli García Álvarez un oficio en el cual solicitaba al IVAI modificar su
presupuesto para destinar
$3,356,818.00 pesos para el funcionamiento del OIC, solicitando sueldos para
sus sub directores por encima incluso de los directores del IVAI, y exigía que
su propio sueldo fuera muy cercano al de los comisionados y, por supuesto, muy
por encima de los directores del IVAI, a pesar de que ese rango jerárquico es
el que le corresponde por mandato legal.
El 08 de marzo de 2019, el Pleno del IVAI (integrado por
3 comisionados) determina que no es procedente la solicitud de sueldos
del titular del OIC, en virtud de que
no es acorde con el tabulador de sueldos del propio IVAI, y en virtud de que ni
el Legislativo ni el Ejecutivo etiquetaron recursos para el funcionamiento del
OIC, sin embargo, con el ánimo de apoyarlo determinan reasignar recursos del
IVAI para nombrar a las dos personas que propuso el propio titular del OIC (la Doctora
María de los Ángeles García Oviedo y el Licenciado Narno Acosta Cruz), mismas
que hoy, tres años después, han sido ratificadas por dicho Contralor y aún
laboran para el OIC del IVAI.
El 20 de mayo de 2019, el Doctor Alfonso Velásquez Trejo,
titular del OIC, presentó denuncia penal ante el Fiscal Anticorrupción de
Veracruz, en contra de Yolli
García Álvarez por considerar que los nombramientos que expidió a la Doctora
María de los Ángeles García Oviedo y el Licenciado Narno Acosta Cruz, fueron al
margen de sus facultades como Presidenta y violentaron la autonomía del OIC,
por lo que el haber contratado a esas personas constituyó “delitos por hechos
de corrupción”, sí leyeron bien, de eso la acusó.
No obstante lo ridículo de la acusación, a raíz de esa
denuncia, el día 26 marzo de 2020, un día después de concluir su cargo y perder
su fuero constitucional, Yolli García Álvarez es detenida en Veracruz, acusada
de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y
coalición, en una orden de aprehensión girada por el entonces Fiscal
Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, quien apenas unas semanas
después sería nombrado comisionado del propio IVAI, en el lugar de los dos compañeros de Yolli García
Álvarez que fueron “obligados” a renunciar con la promesa de dejar a su ex compañera
en libertad, promesa que nunca se cumplió.
Pero la mayor violación a los derechos humanos vino
después, pues a pesar de que dichos delitos no son considerados graves, de que
Yolli García Álvarez pudo acreditar arraigo en el estado de Veracruz (más de 15
años viviendo ahí ocupando cargos públicos notorios y relevantes) y de que sus
dos hijos viven y estudian ahí la universidad; y además de que es evidente que
no se trata de una persona peligrosa, el juez de la causa, Gregorio Esteban
Noriega Velasco, de manera completamente inconstitucional, ilegal e increíble, determinó
dictar la medida cautelar consistente en prisión preventiva (hoy indefinida),
misma que tiene a Yolli desde entonces, casi dos años después, encerrada en una
prisión, a pesar de haber ganado un amparo en contra de dicha medida, que increíblemente fue después desestimado por un
tribunal colegiado de Veracruz.
Cabe señalar que una vez que Yolli García Álvarez fue
privada de su libertad, el titular del OIC del IVAI, Doctor Alfonso Velásquez
Trejo, recibió “como premio” su anhelado e injustificado (conforme al
tabulador) aumento de sueldo que con tanto ahínco había exigido en su momento al
Pleno anterior del IVAI, sin embargo, todos sus nombramientos siguen pasando
por el Pleno del IVAI sin que haya presentado más denuncias contra sus actuales
integrantes.
Finalmente me parece importante destacar que Yolli García
Álvarez acaba de ganar un amparo que ordena al Poder Judicial de Veracruz a volver a
analizar si efectivamente existen o no los delitos de los que fue acusada, lo
cual deberá realizarse en las próximas semanas, esperando que por fin se haga
justicia en su caso, habida cuenta de que uno de sus ex compañeros, Arturo
Mariscal Rodríguez, ya fue exonerado de los mismos delitos por orden de un juez de distrito.
#JusticiaparaYolli
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