El Derecho a la Vida

Por: Salvador Romero Espinosa (@chavaromero)

“No vale nada la vida, la vida no vale nada…”, escribió alguna vez José Alfredo Jiménez, y hoy más que nunca esta frase cobra plena vigencia en México, que en 2020 ocupó el cuarto lugar Mundial en número total de homicidios registrados (36,579), cifra muy similar a la del 2021 (por lo que probablemente ya estemos en tercer lugar), lo que además nos coloca con una tasa de casi 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy por encima de la tasa de 6 que existe en Estados Unidos de Norteamérica y de la de menos de 1 que existe en España, por ejemplo.

En el tema de desapariciones forzadas o de personas desaparecidas las cosas están aún peor, ya que recientemente el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) expresó su seria preocupación por la gravedad de la situación de las desapariciones en México, ya que en noviembre del año pasado 95,000 personas estaban registradas oficialmente como desaparecidas, con lo cual hemos superado a países que han sufrido casos muy graves de desapariciones durante etapas sanguinarias de sus dictaduras, como Sri Lanka, Siria o Argentina.

La gravedad de los casos de personas desaparecidas reside en que, en la inmensa mayoría de los casos, son homicidios o feminicidios disfrazados que no se reflejan en la estadística oficial de homicidios (y que probablemente convertirían a México en el país con más homicidios en todo el Mundo) y, además, a diferencia de los “homicidios tradicionales”, generan una ola de nuevas víctimas entre los familiares de las personas desaparecidas, que no encuentran sosiego ni paz ante la incertidumbre de no saber el destino final de sus seres queridos.

Por si fuera poco, México ocupa además el quinto lugar a nivel Mundial en número de fallecimientos oficiales por COVID-19 (con más de 300,000 personas muertas por esta enfermedad), aunque de acuerdo a varios estudios realizados en base al aumento real de defunciones, la cifra real superaría los 500,000 decesos, lo que en realidad nos colocaría en el nada honroso tercer lugar global en número de muertes durante esta Pandemia.

Aunado a lo anterior, en cifras oficiales de la OMS dadas a conocer antes de la Pandemia, México ya ocupaba el lugar 66 global en la categoría de “esperanza de vida” y de acuerdo a cifras publicadas en el portal de “worldmeters.info” basadas en información de las Naciones Unidas, actualmente ocupamos ya el lugar número 90 en el Mundo (75.41 años), lo que significa que hay al menos otros 89 países donde se espera que sus habitantes vivan -en promedio- más tiempo que aquí.

Cabe destacar que, de acuerdo al Índice Global de Impunidad 2020 (Global Impunity Index), de 69 países evaluados, México ocupó el lugar 60 y, además, de acuerdo con “México Evalúa”, casi el 95% de los casos nunca se resuelven, lo cual significa que es muy elevada la cantidad de infracciones y delitos que no se castigan en nuestro país, lo que significa que es altamente probable que, si algún día te matan o desaparecen en este país, nunca se castigue al culpable por ello.

Con esto se pone de manifiesto que México no es un buen lugar -literalmente- para vivir, y que las autoridades de todos los niveles se encuentran muy superadas por aquellas personas que deciden privar de la vida a otra persona dentro del territorio mexicano, en buena parte producto del enorme poder que tiene el crimen organizado, más la corrupción y la cooperación de muchas autoridades con las y los delincuentes.

Finalmente vale la pena preguntarnos de qué carajos ha servido la militarización del país, que inició en la década de los 90’s cuando se descubrió que el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo era parte activa del tráfico de cocaína durante el sexenio de Ernesto Zedillo; que se agudizó en 2006 cuando se declaró abiertamente la “guerra contra el narcotráfico”; y que ha alcanzado un punto extremo durante este sexenio con la creación de la “Guardia Nacional”, que no es otra cosa que un cuerpo militar haciendo funciones de seguridad pública, con todo lo grave y riesgoso que ello representa para los derechos humanos, la democracia y las libertades civiles.