Por: Salvador Romero Espinosa (@chavaromero) La Constitución Federal señala que toda la información que está en manos de las autoridades es pública, es decir, que nos pertenece a todos y que, por consecuencia, sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público. Sin embargo, como el concepto de “interés público” es muy ambiguo, la propia Constitución establece que la Ley General de Transparencia debe de definir aquellas causales que puedan ser consideradas dentro del campo del “interés público”, para evitar abusos en el proceso de reserva de información, estableciéndose por tanto tres reglas muy importantes para efecto de que las autoridades puedan negar el acceso a esa información pública que nos pertenece, de tal forma que nadie tenga dudas de las razones claras, objetivas, concisas, tangibles y específicas detrás de cada reserva, a saber: En primer lugar, establece doce causales específicas de reserva consideradas de “interés público” (más la causal de “segu...

Por: Salvador Romero Espinosa ( @chavaromero ) ¿Por qué se encuentra inoperante el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI)? La respuesta obvia y simple es por la falta de designación de tres de sus siete integrantes, sin embargo, la respuesta de fondo es: Por culpa de una “laguna” normativa, toda vez que, por razones de interés general, los Poderes Públicos están obligados a garantizar la vigencia plena de los derechos humanos y el debido funcionamiento de todos los órganos del Estado y, por consecuencia, están también obligados a disponer de todas las reglas que sean necesarias para prever cualquier tipo de circunstancia que pudiera impedir dicho funcionamiento. Aunado a lo anterior, desde la reforma constitucional del año 2011, también se obligó a todas las autoridades del país a cubrir cualquier “laguna” normativa mediante la interpretación de las leyes y normas conforme a los derechos humanos recon...

Por: Salvador Romero Espinosa (@chavaromero) Como era de esperarse, a consecuencia de los ataques y descalificaciones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han empezado a replicarse en cascada dichos ataques contra la utlidad de los institutos de transparencia locales. El gobernador de Baja California Sur, la diputada presidenta del Congreso de Veracruz y diversas voces políticas de otras entidades federativas, por ejemplo, han planteado ya también abiertamente la posibilidad de destruir a los organismos estatales garantes de la transparencia y la protección de datos personales, lo que sin duda contribuiría a seguir sumiendo a México en una nueva era de opacidad que no se vivía desde hace muchas décadas. Aúnado a ello, en otras entidades como Guerrero, el Congreso ha sido abiertamente omiso en cumplir con su obligación constitucional de elegir dos vacantes dentro del instituto de transparencia local, lo que ha implicado...