Opacidad en cadena

Por: Salvador Romero Espinosa (@chavaromero)

Como era de esperarse, a consecuencia de los ataques y descalificaciones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han empezado a replicarse en cascada dichos ataques contra la utlidad de los institutos de transparencia locales.

El gobernador de Baja California Sur, la diputada presidenta del Congreso de Veracruz y diversas voces políticas de otras entidades federativas, por ejemplo, han planteado ya también abiertamente la posibilidad de destruir a los organismos estatales garantes de la transparencia y la protección de datos personales, lo que sin duda contribuiría a seguir sumiendo a México en una nueva era de opacidad que no se vivía desde hace muchas décadas.

Aúnado a ello, en otras entidades como Guerrero, el Congreso ha sido abiertamente omiso en cumplir con su obligación constitucional de elegir dos vacantes dentro del instituto de transparencia local, lo que ha implicado que también en dicha entidad federativa se encuentren -de facto- parcialmente suspendidos los derechos humanos a la información y a la protección de datos personales.

En otras entidades como Jalisco (ITEI) y San Luis Potosí, se encuentra impugnado o judicializado el proceso de selección de alguno de los espacios vacantes, sin embargo, a diferencia de la Federeción (INAI) y de Guerrero (ITAIGro), los organismos de transparencia de dichas entidades sí han podido seguir funcionando con relativa normalidad y, además, la falta de nombramiento no ha obedecido a una omisión voluntaria de sus poderes legislativos con el ánimo de desintegrarlos.

En ese contexto, es evidente que la decisión de inhabilitar al INAI y la iniciativa para destruirlo por completo y trasladar sus funciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), son también graves porque están trayendo como consecuencia que se desencadene una ola de opacidad en las entidades federativas con la evidente disminución del alcance de los derechos fundamentales de todas las personas del país, lo cual es inconstitucional, pues implica una abierta contradicción al principio de progresividad de los derechos humanos al que están constreñidas nuestras autoridades.

Además de lo anterior, la desaparición del INAI traería como consecuencia en cascada una serie de afectaciones adicionales a las personas de todos los estados de la República tales como:

1. Desaparición del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), responsable de vigilar y emitir lineamientos obligatorios para todas las autoridades del país y de implementar políticas públicas, encabezado actualmente por el INAI e integrado por los 32 institutos de transparencia locales, la ASF, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

2. Desaparición de la coordinación formal entre los 32 institutos de transparencia locales del país, que actualmente trabajan en equipo gracias al SNT y se organizan en 4 coordinaciones regionales y en 11 comisiones de trabajo temáticas especializadas, lo que permite la maximización de ambos derechos en todo el territorio nacional.

3. Desaparición de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la heredera del antiguo INFOMEX, producto de una década de esfuerzos por hacer la transparencia una realidad en México, y que actualmente concentra toda la información pública de los últimos 3 años que difunden las más de 8,200 autoridades registradas del País.

4. Desaparición de la segunda instancia revisora de las resoluciones de los institutos de transparencia locales, que les brinda una garantía adicional a todas las personas que pretenden acceder a información pública que les es negada en sus respectivas entidades.

5. Desaparición de la independencia, la autonomía constitucional y del trabajo colegiado del INAI en el estudio de controversias de acceso a la información, muy importante en un órgano deliberativo que materialmente realiza funciones jurisdiccionales similares a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, cabe la pena señalar que la propuesta de desaparecer al INAI y encomendar sus funciones a la ASF, no implicaría ningún ahorro para el presupuesto federal, puesto que dicha instancia carece del personal y las áreas necesarias para garantizar los derechos fundamentales que actualmente corresponde tutelar al INAI, por lo que sería necesario dotarla de, cuando menos, los mismos recursos financieros, estructura y personal que al INAI, lo que desmiente completamente el argumento de que la propuesta ahorraría dinero al país.